Tras dos años de proceso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sepultó el amparo tramitado por un organismo de la sociedad civil con los que pretendía impugnar la votación del 6 de abril de 2022 en el Congreso del Estado, donde se aprobó el matrimonio igualitario, el derecho a la identidad de género y se sancionan las terapias de conversión.
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos AC acusó que el proceso legislativo fue ilegal porque los diputados votaron a través de cédula, es decir, fue secreto quien voto a favor o en contra.
La ONG afirmó que ello era violatorio al derecho a la transparencia, sobre todo por tratarse de un asunto que involucra a derechos humanos y pedía una nueva votación con los diputados identificados.
El proyecto que fue avalado por los ministros estableció al final que, si bien la votación por cédula implica una anomalía en el procedimiento, no afecta de fondo las reformas aprobadas donde se garantizan derechos a una población minoritaria y por tanto, negó el amparo de la ONG. (Por Héctor Escamilla Ramírez)
Enviar
Enviar