El que autoridades federales hayan decidido a partir del pasado domingo impedir el acceso a colectivos de madres buscadoras en el rancho de exterminio de Teuchitlán, evidencia un divorcio entre el estado y los activistas y vulnera además la transparencia a la que tienen derecho familiares de las posibles víctimas. Así lo considera el doctor Rogelio Barba, integrante del Observatorio de Seguridad de Justicia de la Universidad de Guadalajara.
“Deberían de replantearse las autoridades para dejar entrar a las personas para ver el procesamiento sobre ese rancho, ¿No? Bien lo dice también la Ley General de Víctimas, que ellas pueden participar en este tipo de investigaciones. Yo creo que se está accediendo el gobierno y está evidenciando que ellos mismos, pues no son los que han encontrado este tipo de de hallazgos que se han hecho a lo largo y ancho del país”.
Por cierto que respecto al mensaje difundido a través de redes sociales en donde presuntos integrantes de un grupo criminal señalan a las madres buscadoras, el experto en temas de seguridad insistió en que el estado y la federación deben dar una postura de respaldo al respecto para los colectivos. (Por Edgar Flores Maciel)
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