La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará un proyecto que propone no sólo descartar la prisión preventiva oficiosa, sino también negar las órdenes de arraigo y que, en los casos donde se denuncie tortura, se ordene una investigación independiente donde no participen las autoridades penitenciarias.
De aprobarse la propuesta, la medida tendría efectos generales, por lo que deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal.
El examen para efectos de documentación de las lesiones a la integridad física sería realizado por parte de un médico que no tenga vínculos con las autoridades penitenciarias o de detención.
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