El llamado plan B electoral, cuyo proceso quedó pendiente para febrero próximo, prevé que por lo menos 100 mil personas en prisión preventiva oficiosa puedan ejercer su derecho al voto para elegir presidente, senadores y diputados federales en los comicios del 2024.
El nuevo artículo 284 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el INE proveerá lo necesario para garantizar el voto en los centros penitenciarios.
En su sitio web, el INE informa sobre la aprobación de un acuerdo por parte del Consejo General, para llevar a cabo una prueba piloto y que las personas presas puedan participar en el 2023 en los comicios de Coahuila y del Estado de México.
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