La desaparición de la Financiera Rural vulnera los derechos a la seguridad alimentaria, a la tierra y a la propiedad, y por ello los diputados federales de Va por México, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como explica el vice coordinador priista en San Lázaro, Marco Antonio Mendoza.
“Hemos presentado la acción de inconstitucionalidad en contra de este decreto que consideramos configura diversas violaciones a principios fundamentales, como lo son el de legalidad, progresividad, certeza jurídica y transparencia. Hubo una violación al debido proceso legislativo”.
Este organismo llegó a acreditar a cerca de millón y medio de ejidatarios y más de 110 mil pequeños productores; mientras que, previo al cierre, los créditos no superaban los 32 mil beneficiados. (Por Arturo García Caudillo)
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