Durante la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, juzgadores y activistas mexicanos como Emilia Molina, presidenta de la Asociación Nacional de Juzgadoras, plantearon sus preocupaciones por el retroceso que implica la reforma al Poder Judicial.
“No solo el discurso del Estado Mexicano es sin diagnóstico y sin metodología, el discurso también desconoce principios, por ejemplo el principio de presunción de inocencia. Las personas juzgadoras no liberan delincuentes, porque si no se ha demostrado por parte de las fiscalías la culpabilidad, todas las personas son inocentes. La reforma violenta distintos estándares de derechos humanos en especial aquellos relacionados con independencia judicial y debido proceso, que son garantías para el acceso a la justicia”.
Con 27 años de carrera judicial, la también magistrada de Circuito, señaló que los comités de evaluación incluyen a personas afiles al partido en el poder, que los requisitos para contender son laxos, que no se garantizan los derechos laborales y que terminan de un plumazo con el proyecto de vida de cientos de trabajadores. (Por Gricelda Torres Zambrano)
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