Los jóvenes reclutados de manera forzada por el narco desde el 2017 por ejemplo en la zona Valles, mantienen un perfil de precaridad laboral, desempleo, deportación o necesidad de ingresos para sostener a sus familias, asegura la periodista investigadora y académica del Iteso, Alejandra Guillén González.
“Todas las personas que fueron privadas de su libertad en 2017 eran sobre todo hombres que no encontraban trabajo, que han vivido en una precariedad laboral, que se les han acumulado las capas de violencia, violencia económica, violencia familiar, es decir, muchas capas de violencia y que son deportados de Estados Unidos, que fueron jornaleros, que lavan carros”.
Tras documentar los perfiles de quienes fueron reclutados por el crimen organizado en los campamentos de Tala en el 2017, Guillén González, sostiene que es un mito perverso, asegurar que los jóvenes se van por voluntad propia, como lo demuestra el propio caso Teuchitlán. (Por Gricelda Torres Zambrano)
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