El INE anunció que anulará el triunfo de aspirantes al Poder Judicial si se confirma que son prófugos de la justicia, deudores alimentarios o agresores, como parte de la política “8 de 8 contra la violencia”.
La medida, respaldada por un equipo interdisciplinario del instituto, busca garantizar que los candidatos cumplan requisitos constitucionales y de integridad, incluyendo la entrega de declaraciones de veracidad.
Organizaciones civiles han advertido sobre postulaciones vinculadas al crimen organizado y agrupaciones religiosas, mientras el Tribunal Electoral será el encargado de tomar la decisión final en cada caso.
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