El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a la Fiscalía estatal iniciar un juicio de extinción de dominio sobre el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, utilizado como campo de exterminio y entrenamiento por el crimen organizado.
El predio, intervenido el 5 de marzo por el colectivo Guerreros Buscadores, habría funcionado como crematorio clandestino.
Bajo la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el Estado busca retirar la propiedad a sus dueños, aún no identificados, sin compensación.
Entre 2022 y 2023, la Fiscalía de Jalisco procesó 78 demandas de extinción de dominio, incluyendo inmuebles y vehículos vinculados a delitos como secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.
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