La decisión de impedir a colectivos de búsqueda estar presentes en el procesamiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, viola los derechos de las familias de las víctimas de desaparición para estar presentes en todas las fases del protocolo de procesamiento del rancho de exterminio. Así lo consideró Ana Carolina Chimiak, representante de Cepad.
“Las autoridades de los 3 órdenes del gobierno deben permitir la participación directa de familiares de personas desaparecidas en las tareas de búsqueda, incluyendo también el diseño, implementación y evaluación de las acciones tanto en casos particulares como en políticas políticas y prácticas institucionales. Asimismo, mediante está lamentable decisión de parte de las autoridades se desprecia por completo los esfuerzos de las familias en materia de búsqueda, además del involucramiento directo de las familias en localizar los centros crematorios y el campamento de exterminio”.
Ana Carolina agregó, que existe la obligatoriedad por parte de las autoridades de garantizar para las víctimas su participación efectiva, un tema establecido en la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares. (Por Edgar Flores Maciel)
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