Aunque la Corte determinó que la medida era inconstitucional, el director de Profesiones del Estado, José Martín Orozco Almádez, considera que la certificación de la cédula profesional cada cinco años como lo establece Jalisco, era importante para abatir la usurpación.
“Se da una situación que nadie puede negar, no solo en Jalisco, pues en todo el país, en todo el mundo de que la usurpación de las profesiones es una vida cotidiana en todas las ramas, en los médicos, en los ingenieros, en los arquitectos, en los contadores. Yo como padre de familia voy a preferir llevar a mi hija con un médico general que esté certificado”.
Orozco Almádez indica que alrededor de 80 mil profesionistas tenían la obligación de actualizarse cada cinco años.
Sostiene que esta medida no tenía fines recaudatorios, porque el costo del trámite era de apenas 500 pesos. (Por Gricelda Torres Zambrano)
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