La Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo segundo de la Constitución que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
De acuerdo con el documento, estas comunidades podrán acceder a recursos de programas sociales.
Además, tendrán derecho a ser asistidas y asesoradas por intérpretes, traductores, defensores y peritos especializadas en derechos indígenas para acceder a la justicia.
También se deberá promover la educación en su lengua y fomentar su cultura, entre otros.
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