Con acusaciones de repartos de cuotas entre partidos, el Congreso lanzó la segunda convocatoria para elegir una nueva presidenta del Instituto de Transparencia, luego que la primera se declaró desierta pues sólo una de las 18 aspirantes pasó el examen de conocimientos.
La diputada Mara Robles acusó que la mejor calificada fue Natalia Mendoza, pero por estar relacionada a la UdeG, se optó por descalificar la convocatoria.
Denunció que el nuevo examen es más laxo y se busca beneficiar a una aspirante, Aislinn Ramos.
Acusó que Morena, a cambio de recibir el apoyo para esta aspirante, respaldaría las propuestas de Movimiento Ciudadano cuando se dé la elección de la nueva presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La diputada Mirelle Montes defendió el proceso.
“Si no hay dos personas que ocupen estos cargos por consiguiente la convocatoria se declara inoperante”.
En la misma sesión se tomó conocimiento que fueron en total 113 de los 125 municipios los que aprobaron en sus cabildos la reforma constitucional para la revisión del pacto fiscal de Jalisco. (Por Héctor Escamilla Ramírez)
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