La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad para corregirle la plana, de nuevo, a la actual legislatura de Jalisco.
Se trata de una reforma de octubre pasado al artículo 125 Bis del Código Penal de Jalisco que impone de uno a seis años de prisión y multas de 19 hasta 48 mil pesos, así como trabajo comunitario, a “quienes organicen, inciten, promuevan o participen” en el cierre o bloqueo de vialidades para hacer promoción personal por cualquier medio masivo o redes sociales; afectando la movilidad de terceros.
Desde que la reforma se presentó, se señalaba que la interpretación por la redacción del texto podría prestarse a agravios contra la libre manifestación y libertad de expresión. (Por Héctor Escamilla Ramírez)
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