La Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuevo presentó una acción de inconstitucionalidad para corregirle la plana a una resolución del Congreso del Estado de Jalisco. En esta ocasión es contra una de las disposiciones en la reforma para el programa de verificación vehicular aprobada el 8 de julio pasado.
La defensoría nacional acusa que una disposición atenta contra la Constitución: pues se califica como falta administrativa no grave que un funcionario público no realice las gestiones para verificar los vehículos que tiene asignado o bajo su resguardo.
La acción de inconstitucionalidad 122/2022, fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se argumenta que se atenta contra los derechos de los burócratas la asignación de una responsabilidad que no compete a ellos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)
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