El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunció que la visita de familias buscadoras al rancho Izaguirre en Teuchitlán fue un acto revictimizante y mal organizado, y exigió a las fiscalías federal y de Jalisco garantizar condiciones dignas, seguras y transparentes en los procesos de búsqueda.
El organismo pidió acceso continuo a la información, participación efectiva de las víctimas en las diligencias y atención psicosocial adecuada, además de protocolos claros y rendición de cuentas por las fallas logísticas y posibles alteraciones del predio.
El CEPAD calificó el operativo como un “circo” que reflejó la indiferencia institucional ante la crisis de desapariciones.
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