Con la queja de la madre denunciante y la intervención del centro de rehabilitación en Tonalá, donde quemaron a una menor de once años, se determinará si hubo omisión de alguna de las autoridades a quienes les corresponde vigilar este tipo de establecimientos, explica la directora de Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Érika Córdova.
“De entrada está el tema de cómo un centro privado de control de adicciones y conducta no esté regulado o tenga este tipo de intervenciones que no son legales. Nada que maltrate, nada que ponga en riesgo a la niñez puede estar funcionando de manera legal”.
Insiste en que nada que maltrate a un niño es legal, por lo que las autoridades deberán aclarar cómo y por qué operaba este centro privado para la atención de la conducta y adicciones.
La Secretaría de Salud, Asistencia Social, el DIF y la Procuraduría de la Niñez deberán supervisar a este supuesto albergue. (Por Gricelda Torres Zambrano)
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