El gobierno de Javier Milei oficializó la suspensión de las pensiones vitalicias de la expresidenta Cristina Fernández, tras la confirmación de su condena por corrupción a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Según la Administración Nacional de la Seguridad Social, estas pensiones son incompatibles con delitos cometidos en ejercicio del cargo.
Fernández calificó la medida como “ilegal” y acusó a Milei de “dictadorzuelo”, argumentando que las pensiones no dependen del desempeño, sino del mérito de haber sido electa por voto popular.
La expresidenta aún puede apelar la sentencia ante la Corte Suprema.