La Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo cuatro constitucional que, entre otros aspectos, reduce de 68 a 65 la edad para comenzar a recibir la pensión de adultos mayores y establece la pensión universal para personas con discapacidad menores a 65 años.
El dictamen establece la obligación del Estado para garantizar la rehabilitación de las personas con discapacidad permanente, dando prioridad a los menores de 18 años de edad.
También contempla reformas al artículo 27 para elevar a rango constitucional el programa Sembrando Vida y establecer precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz y trigo.