Trabajadores recolectores de basura de la empresa Eco 5, filial Caabsa Eagle, que prestan sus servicios en El Salto, acudieron a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja colectiva contra el ayuntamiento de El Salto bajo el argumento que la requisición de 10 unidades por parte del municipio y no permitirles salir a la calle a recolectar viola su derecho al trabajo. Además denunciaron afectaciones a la salud por la acumulación de basura en las vialidades.
La queja quedó asentada en el acta de investigación 32/2024 de la defensoría estatal.
El secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos Jalisco, Antonio Álvarez Esparza, afirma que las acciones del municipio carecen de sustento jurídico y hay anomalías en la autoridad que le otorgó el recurso legal para revocar el contrato.
“Pero en este caso sospechamos que hay alguna irregularidad punitiva que debe de ser castigada y que hasta el magistrado que hubiera concedido esta supuesta suspensión”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)
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