En busca de reconocer sus derechos y dotar de personalidad jurídica a los pueblos originarios, el Gobierno de la República incluyó en el paquete de 20 iniciativas que envió al Congreso, una reforma constitucional en la materia, como explica el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adolfo Regino.
“La piedra angular de la reforma es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Así se está planteando en esta reforma al artículo segundo de la Constitución Federal. Esto significa que los pueblos y comunidades tendrán capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos sin ningún tipo de intermediación”.
Esto incluye la creación de una Ley General en la materia. Cabe destacar que esta reforma es resultado del proceso de diálogo y consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, el cual se llevó a cabo del 2019 al 2021. (Por Arturo García Caudillo)