El próximo lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará la legalidad de la reforma realizada en 2021, por la pasada legislatura, donde se establecieron motivos para separar de sus cargos a los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción por parte de los diputados locales.
La reforma, impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establece que los elementos del Comité de Participación Social pueden ser separados de sus funciones por falta de probidad, notoria negligencia o indebido desempeño de sus atribuciones o cuando desempeñen otros empleos que les sean remunerados.
La CNDH acusó que dicha reforma deja a criterio de los diputados la separación del cargo de este ente ciudadano y que además, se viola el derecho al trabajo al impedir a los miembros del CPS tener otro empleo. Desde que se aprobó la reforma se hicieron notar estos elementos de inconstitucionalidad, pero aun así se publicó, aunque se eliminó el elemento donde también se les quitaba el sueldo a los miembros del CPS. (Por Héctor Escamilla Ramírez)
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