Tras entrar en vigor la Ley SB 1718 en Florida, cinco organizaciones anunciaron el inicio de una batalla legal para neutralizar la legislación con una demanda federal, argumentando que es discriminatoria contra los migrantes, extralimita los poderes del estado y viola los derechos civiles de la minoría hispana.
Las agrupaciones, que han tenido éxito en neutralizar otras legislaciones y lograr que sean declaradas inconstitucionales, advierten que la demanda tendrá como acusado al gobernador de Florida, Ron DeSantis.
La nueva ley obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno de sus trabajadores y tipifica como delito grave, los viajes en automóvil con una persona indocumentada a través de las fronteras estatales.
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