Será el próximo 8 de febrero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la legalidad de la reforma a la ley de Pensiones aprobada en 2021 y que topa las llamadas pensiones doradas o VIP.
La Segunda Sala será quien determine la legalidad de limitar a 104 mil pesos mensuales las pensiones de funcionarios públicos y que esta medida fuera retroactiva para algunos burócratas y exburócratas que ganaban más de este monto.
Los ministros resolverán el amparo presentado por una particular en contra de la reforma. La ministra ponente es Yasmín Esquivel que en su proyecto adelanta la inconstitucionalidad de la modificación al acusar que viola el principio constitucional de irretroactividad de la ley.
Esta revisión es independiente a la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos también en contra de esta reforma. (Por Héctor Escamilla Ramírez)
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