Tras la detención de los tres estudiantes de la UdeG detenidos por la oposición al proyecto Iconia, colectivos ambientalistas denunciaron persecución por parte de las autoridades y documentan cuando menos nueve casos, entre 2015 y 2022 donde activistas fueron criminalizados.
La abogada ambientalista, Raquel Gutiérrez Nájera, pidió la intervención de organismos internacionales.
“Estamos pidiendo que vengan a Jalisco con un objeto, a fin de analizar, diagnosticar y recomendar sobre el cumplimiento, observancia e implementación de los instrumentos internacionales en congruencia con los nacionales en materia de derechos humanos”.
Integrantes del Instituto de Derecho Ambiental señalan que los casos se han registrado en Guadalajara, así como en otros municipios como Cuautitlán de García Barragán, Ayotitlán o Chapala. (Por Héctor Escamilla Ramírez)
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