La acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del Congreso de Jalisco por modificar la Ley de Responsabilidades del Estado fue porque los diputados locales crearon una norma que excede lo que ya establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas que es de mayor jerarquía y federal.
Cuando se hicieron los cambios al programa de verificación vehicular, los diputados de la LXIII Legislatura modificaron el artículo 48 y establecieron como falta administrativa no grave que un funcionario que tenga un vehículo oficial a resguardo no lo lleve a verificar.
La CNDH consideró que dicha normativa viola el derecho a la seguridad jurídica y la legalidad, pues el Congreso de la entidad no estaría habilitado constitucionalmente para adicionar nuevos supuestos de faltas administrativas, ya sean graves o no graves, porque ya están establecidos en la ley federal.
Esta acción de inconstitucionalidad, la 122/2022 es la primera donde se impugna una reforma de la actual legislatura. (Por Héctor Escamilla Ramírez)
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